La reciente publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ha generado una significativa polémica en los ámbitos agrícola, pesquero y político, especialmente en relación con el Sáhara Occidental y su influencia en el mercado europeo. La modificación de las reglas de origen, que permite a Marruecos expandir los beneficios arancelarios a productos agrícolas y pesqueros del territorio ocupado, representa un giro en la normativa comunitaria que ha sido calificado por algunos sectores como un golpe al campo local y una amenaza para la transparencia del etiquetado.
Desde octubre de 2025, mercancías provenientes del Sáhara Occidental pueden ingresar en Europa con la denominación de regiones marroquíes sin la obligación de especificar su origen real. Esto es resultado de la actualización del Protocolo número cuatro del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, una decisión que, ante la falta de reconocimiento de soberanía sobre el territorio, ha suscitado rechazo en diversas instancias, incluyendo un rechazo casi unánime en el Parlamento Europeo, donde solo un voto se opuso a la medida.
Las organizaciones agrícolas españolas han expresado su preocupación ante esta normativa, considerando que fomenta una competencia desigual en sus mercados y perjudica la rentabilidad de productores locales. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha señalado que esta modificación legal legitima la entrada de productos con un etiquetado confuso, lo que complica la trazabilidad y la diferenciación entre productos europeos y del territorio ocupado, en detrimento de la oferta nacional.
La producción agrícola en Dakhla, región clave del Sáhara Occidental, ha visto un aumento en la superficie dedicada a cultivos intensivos como tomates cherry y melones, impulsada por empresas vinculadas a Marruecos y grupos franceses. La utilización intensiva de recursos hídricos no renovables y el desplazamiento de la población local por colonos marroquíes generan inquietudes en torno a la sostenibilidad y la justicia social de estas actividades.
En el sector pesquero, la situación presenta un perfil igualmente complejo. La mayoría de las capturas en las aguas del Sáhara Occidental, según datos marroquíes, corresponden a las actividades de países como España, Rusia y Japón, que operan bajo acuerdos bilaterales con Marruecos sin reconocimiento formal de soberanía. La sobreexplotación de especies, la explotación de recursos marinos y el crecimiento de la industria de harina y aceite de pescado han podido sostenerse gracias a la falta de control internacional y a los acuerdos que permiten el ingreso de las mercancías en Europa, principalmente en mercados como el español.
El impacto en los productores europeos ya es palpable, con una caída en la producción local de tomates y una mayor importación de productos marroquíes con etiquetas poco claras, en contraste con las regulaciones comunitarias que exigen la identificación del país de origen. La trazabilidad, que antes servía como garantía para los consumidores, se ve cada vez más comprometida en una cadena de suministro que se ha extendido a centros de exportación en Agadir y otras regiones. Estas prácticas generan preocupación en el sector, que teme perder cuota de mercado frente a la competencia de productos menos costosos provenientes del continente africano.
La controversia también se extiende a la comunidad internacional y a los organismos que evalúan la explotación de los recursos en la región. Informes independientes y organismos como Western Sahara Resource Watch advierten sobre la sobreexplotación de recursos marinos y la sobreexplotación de acuíferos en el territorio, así como sobre las desigualdades sociales que privilegian a los colonos en detrimento de la población saharaui.
Mientras la política de la Unión Europea sigue apoyando la relación con Marruecos en el marco del acuerdo, las organizaciones en defensa de los derechos del pueblo saharaui y de los agricultores españoles mantienen su oposición firme al modo en que se están gestionando estos acuerdos. La futura ratificación del acuerdo en el Parlamento Europeo será clave para determinar si esta política llega a consolidarse o si se toman medidas que garanticen mayor transparencia y respeto por los derechos soberanos.
La nueva normativa en vigor refuerza las preocupaciones sobre el impacto socioeconómico y ambiental en la región, así como en los mercados europeos. La polémica continúa, poniendo en evidencia las tensiones existentes entre intereses económicos, consideraciones legales y derechos internacionales en un territorio cuya situación política sigue siendo materia de debate y negociación en la arena internacional.
