La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado en un informe que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró intencionadamente todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, coincidiendo con el día en que fue encausado por el Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos. Dicho informe, al que EL PAÍS ha tenido acceso, asegura que no hay registros de mensajes anteriores a esa fecha debido a un «vaciado o borrado intencionado» realizado en dos ocasiones el mismo día. Además, el análisis del teléfono móvil de García Ortiz concluyó que no mantuvo conversaciones con ningún periodista la noche del 13 de marzo de 2024, momento en el que supuestamente se habría filtrado un correo electrónico relevante para el caso del abogado de Alberto González Amador, vinculado personalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e investigado por fraude fiscal.
El informe presentado ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, fue solicitado para que se examinara el tráfico de llamadas entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 y los titulares de las líneas implicadas, en colaboración con las operadoras Movistar y Vodafone. Esta solicitud surgió tras confirmarse que García Ortiz cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, pocos días después de ser encausado, y borró todo el contenido de su antiguo dispositivo. Durante su declaración ante el juez el pasado 29 de enero, García Ortiz justificó que su teléfono contenía información «ultrasensible» y que el borrado fue una «imposición legal», en medio de un contexto marcado por las investigaciones judiciales que podrían tener serias repercusiones en el ámbito político y judicial del país. La investigación sigue en curso y se esperan nuevas revelaciones que podrían arrojar más luz sobre el caso.
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