La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha estado presente en la sede de la Fiscalía General del Estado este miércoles, tras un mandato del juez Ángel Hurtado, quien investiga al fiscal general Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Hurtado ha emitido un auto que autoriza el registro del despacho de García Ortiz, permitiendo la intervención de dispositivos informáticos y documentos relacionados con la investigación. Además, el juez ha decretado el secreto de las actuaciones por un periodo de un mes. Este movimiento judicial coincidió con un acto programado en la Fiscalía General, el cual fue cancelado minutos antes de su inicio. La Fiscalía no ha confirmado si la cancelación está relacionada con el registro.
Los agentes, que actuaron bajo estricto mandato legal, tienen autorización para volcar correos electrónicos y otros repositorios digitales desde marzo de este año, cuando surgieron las filtraciones alrededor de un acuerdo de conformidad negociado por la Fiscalía Provincial de Madrid. Este acuerdo, relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso, buscaba evitar su ingreso en prisión en caso de probarse su autoría en delitos de fraude fiscal y falsedad documental. La investigación tuvo un giro significativo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid trasladó el caso al Tribunal Supremo. A pesar de asumir la investigación, el Supremo inicialmente decidió que la información revelada no era indebida, lo que ha llevado al juez Hurtado a centrar sus pesquisas en las filtraciones a medios. En paralelo, se ha requerido a García Ortiz que designe un abogado en cinco días para garantizar su defensa, mientras se evalúa la posible suspensión cautelar de sus funciones solicitada por Manos Limpias.
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