A un mes del inicio de las devastadoras riadas que afectaron a 84 municipios de Valencia, Letur, Landete, Garaballa y Málaga, el gobierno continúa sin implementar plenamente la ley de Protección Civil que permitiría el despliegue masivo de las fuerzas armadas para asistir en la emergencia. La situación ha dejado a unos 900,000 residentes en Valencia en condiciones críticas, sin la intervención adecuada de los cuerpos de emergencia nacional. A pesar de la gravedad de los daños, y de las constataciones sobre la falta de recursos desplegados, la demanda de una declaración de emergencia nacional no se ha concretado. La falta de reacción inmediata del gobierno central ha sido catalogada como insuficiente, dejando en el aire un sentido de indignación y frustración entre los afectados y observadores.
La gestión de esta crisis ha generado críticas vehementes hacia el presidente del Gobierno, quien ha sido acusado de eludir responsabilidades atribuyendo la situación al cambio climático. En su reciente comparecencia ante el Congreso, el presidente ha sido señalado de manipular la narrativa sobre la gestión del desastre, lo que incrementa la sensación de abandono y descontento. La tardanza en la movilización de las Fuerzas Armadas, que solo se activaron tímidamente varios días después de la catástrofe, junto con el rechazo a la ayuda internacional, han sido profundamente criticados, siendo vistos como decisiones que exacerbaron las consecuencias de la emergencia. Se exige un cambio urgente en la estrategia de manejo de desastres, enfatizando que la indiferencia evidenciada es un ejemplo de una política percibida como inhumana y peligrosa, tanto a nivel nacional como europeo.
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