En un histórico fallo, la Suprema Corte de Justicia de México ha ordenado la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada hace dos décadas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Esta decisión desarticula un caso que ha ejemplificado la corrupción dentro del sistema judicial mexicano, destacando que el proceso se sustentó en confesiones obtenidas bajo tortura y en pruebas fabricadas. El fallo, elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez, pone fin a una era marcada por el caso Wallace, estructurado con la complicidad de funcionarios judiciales, influenciados por Isabel Miranda, madre de la supuesta víctima y una figura pública polémica que colaboró estrechamente con autoridades para mantener el montaje. Este veredicto se produce justo antes de la entrada en funciones de una nueva Corte, elegida por voto popular, y que enfrenta expectativas de cambios en su alineación política.
Juana Hilda ha estado encarcelada durante 20 años cumpliendo una sentencia de casi ochenta años. La sentencia de la Corte subraya que su confesión fue extraída mediante coacción y amenazas, y que ninguna de las pruebas presentadas en su contra se obtuvo de manera legítima. Según la resolución, los testimonios que se usaron para incriminarla fueron manipulados, y las supuestas evidencias, como la licencia y la gota de sangre, aparecieron en condiciones sospechosamente convenientes después de su confesión forzada. El documento condena el papel de la Fiscalía y los jueces, que desestimaron las denuncias de tortura hechas por González Lomelí, y concluye que su liberación es la única medida justa. A pesar de la fuerte presión de la Fiscalía para retrasar la resolución del caso, la Corte decidió avanzar con el fallo, reafirmando su independencia y destacando el impacto de los errores judiciales sobre la vida de inocentes.
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