El órgano fiscalizador autonómico ha publicado un exhaustivo informe sobre la actividad de la Consejería de Derechos Sociales durante los ejercicios comprendidos entre 2016 y 2022. El documento destaca una serie de deficiencias en la gestión de recursos y en la ejecución de programas sociales destinados a la población vulnerable. Se identifican fallos en la planificación y ejecución de políticas, así como en la transparencia de los procedimientos administrativos. Además, se pone de manifiesto una falta de coordinación entre departamentos, lo que ha generado ineficiencias en la prestación de servicios.
El informe también resalta el incremento en el gasto social durante el periodo analizado, aunque señala que no se refleja en una mejora proporcional en la calidad de los servicios ofrecidos. La auditoría identifica áreas clave que requieren atención urgente, como la atención a la infancia y programas de integración social. Las conclusiones del órgano fiscalizador llaman a una revisión exhaustiva de las prácticas actuales, sugiriendo reformas estructurales para optimizar el uso de recursos y garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos sociales.
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