Un juzgado de lo Social de Madrid ha declarado la incapacidad laboral absoluta para una mujer de 52 años que padece el síndrome de espalda fallida tras haberse sometido a una cirugía de artrodesis lumbar en 2022. Inicialmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) había concedido a la afectada una incapacidad permanente total para su actividad laboral como auxiliar de cocina, con una prestación económica de 1.023,88 euros mensuales desde marzo de 2024. Sin embargo, la intervención quirúrgica no logró aliviar el dolor crónico de la mujer, quien continuó experimentando dolores severos a lo largo del nervio espinal que no cedieron con los tratamientos convencionales.
Agotadas las vías administrativas, la mujer decidió recurrir al sistema judicial, donde el juez ha decidido revocar la resolución del INSS. En su veredicto, el magistrado ha determinado que la trabajadora «no está capacitada para realizar una actividad laboral por liviana que sea» debido a sus padecimientos. Esta decisión implica el reconocimiento de la incapacidad laboral absoluta, lo que proporciona a la demandante una pensión equivalente al 100% de su base reguladora. Si bien el fallo judicial puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia, marca un precedente significativo para los casos en que intervenciones quirúrgicas no logran proporcionar un alivio efectivo y continuo a los pacientes.
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