La reciente crisis desatada por el traslado de cientos de perros y gatos del Refugio Franciscano en Ciudad de México ha puesto a las autoridades locales bajo el escrutinio público. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, visitó personalmente el albergue temporal en el Deportivo Hermanos Galeana para desmentir rumores de maltrato y sacrificio de los animales, asegurando que su atención es adecuada y que cuentan con supervisión médica permanente. La mandataria también anunció que los perros serán reubicados próximamente a instalaciones más adecuadas en la Brigada de Vigilancia Animal, donde continuarán siendo atendidos antes de lanzarse una campaña de adopción. Las afirmaciones de que el operativo fue motivado por intereses inmobiliarios han sido firmemente rechazadas por el Gobierno capitalino, que sostiene que la intervención obedeció a peritajes que evidenciaron condiciones de maltrato y abuso en el refugio.

El Refugio Franciscano, con una larga tradición de no sacrificio y esterilización masiva, ha rechazado estas alegaciones, denunciando que el desalojo fue violento y en contravención de una orden federal que aseguraba su permanencia en el predio en Cuajimalpa. El refugio acusa además a la Fundación Antonio Haghenbeck de cerrar el inmueble durante semanas, empeorando la situación de los animales. El conflicto ha escalado a un enfrentamiento legal y social, con acusaciones cruzadas entre activistas de los derechos de los animales y el Gobierno. La fiscalía de la Ciudad de México sostiene que el foco es el presunto delito de maltrato animal, mientras que se niega cualquier vinculación con proyectos inmobiliarios. En este tenso contexto, el Ejecutivo ha convocado a expertos y colectivos a contribuir en la formulación de una nueva ley de bienestar animal, con la intención de asegurar un trato digno a los animales en el futuro.

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