Las protestas que han sacudido a Irán desde finales de diciembre han resultado en la trágica muerte de al menos 2.000 personas, según reveló un funcionario iraní a Reuters. Al mismo tiempo, la ONG Human Rights Activists in Iran (HRANA) ha confirmado un número similar de víctimas, precisando que 1.850 de los fallecidos eran manifestantes, mientras que 135 pertenecían a los cuerpos de seguridad. Este dramático desarrollo subraya la gravedad de la situación en Irán, donde las manifestaciones, inicialmente desencadenadas por el colapso económico y la debilitación del rial iraní, han crecido enormemente para abarcar demandas más amplias de libertades sociales y cambios políticos fundamentales. Frente a este crítico escenario, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han emitido fuertes condenas al uso excesivo de la fuerza por parte del régimen iraní, instando a la comunidad internacional a intensificar las sanciones contra los responsables de la represión.
Estas manifestaciones, comparables a algunas de las más significativas desde la Revolución Islámica en 1979, se han extendido por todo el país, avivadas por una reacción gubernamental que incluyó un corte de internet y presuntas acciones letales de agentes en puntos neurálgicos de las movilizaciones. Las autoridades iraníes han intentado deslegitimar el movimiento de protesta, aduciendo como responsables a supuestos «agentes terroristas» con vínculos extranjeros, señalando a Estados Unidos e Israel como instigadores del caos. Mientras el presidente norteamericano, Donald Trump, ha instado abiertamente a los manifestantes a tomar instituciones gubernamentales, un movimiento que ha sido percibido por críticos y analistas como un indicio de intenciones intervencionistas, el gobierno iraní ha respondido identificando presuntas «células» infiltradas. Esta dinámica inflamatoria levanta preocupaciones aún mayores en el ámbito de los derechos humanos, sobre todo considerando la dura posición del aparato judicial iraní, que ha mostrado disposición a emplear penas capitales contra quienes etiqueta como enemigos del estado.
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