La pobreza en Cataluña continúa siendo un problema persistente, a pesar de los avances económicos globales, según informes de Ivàlua, la agencia de evaluación de políticas públicas de la Generalitat. Los estudios destacan que una de las principales herramientas para combatir la pobreza, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), no cumple con sus objetivos, especialmente entre mujeres y familias con hijos. A pesar de recibir la prestación, dos de cada tres familias con hijos permanecen en pobreza severa, revelando una desproporción alarmante cuando se compara con los hogares sin hijos. Las mujeres, que representan el 55,4% de los beneficiarios, enfrentan barreras adicionales debido a factores estructurales y al temor de perder la prestación si acceden al mercado laboral.
Las conclusiones detallan que la cobertura de la RGC es insuficiente y se ve exacerbada por los altos costos de vida y vivienda. La prestación, que surgió como un derecho subjetivo desde 2017, solo cubre al 40% de los hogares que califican, según anteriores informes. La Generalitat busca ahora reformar la RGC para mejorar su accesibilidad y compatibilidad con otras ayudas, aunque el sindicato CC OO califica estas acciones como insuficientes y demanda medidas más urgentes. Además, se han enfrentado desafíos administrativos, incluyendo reclamaciones por pagos indebidos, lo que ha llevado a iniciativas como una amnistía para los beneficiarios afectados y esfuerzos para mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de prestaciones.
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