El 24 de enero de 2025 se perfila como una fecha crucial en el calendario de los sindicatos y funcionarios civiles de España, quienes se enfrentan a una alarmante incertidumbre respecto a su atención sanitaria. La crisis que se ha instalado en el proceso de negociación entre las aseguradoras médicas y el Gobierno ha movilizado a una nueva plataforma intersindical. Esta plataforma, que incluye a miembros de los sindicatos GESTHA y APFP, busca aunar esfuerzos para resolver una situación que amenaza con dejar sin cobertura sanitaria a un millón y medio de funcionarios y sus familias.
En un intento por ampliar sus fuerzas, la plataforma ha manifestado su voluntad de abrir sus puertas a todas las organizaciones sindicales dispuestas a dejar de lado intereses individuales, y a funcionarios afectados que no pertenezcan a ningún sindicato. La preocupación se extiende más allá del ámbito de los funcionarios, advirtiendo que esta crisis podría llevar al colapso de los servicios de salud pública en toda España, dada la presión existente en varias comunidades autónomas.
Entre las acciones inmediatas que se han puesto en marcha destacan la solicitud formal de una reunión urgente con el ministro de Función Pública, a la que se espera que asistan la secretaria de estado y la directora general del ramo. También se ha exigido la convocatoria del Consejo General de Muface para proporcionar claridad sobre la posición de cada uno de sus componentes y adoptar medidas que ofrezcan respuestas inmediatas a la situación. Por otro lado, se puso a disposición de los funcionarios un escrito de queja para canalizar incidencias relacionadas con cancelaciones de citas o prestaciones, preparando el terreno para posibles acciones legales.
El diseño del calendario de movilizaciones dependerá de los desarrollos en los próximos días, una respuesta a la presión creciente de todo el colectivo a nivel nacional. Desde la plataforma se reitera que la atención sanitaria no puede pender de un hilo debido a la mala gestión y los intereses comerciales en juego. Es un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho que debe preservarse.
La llamada a la responsabilidad es dirigida tanto al Gobierno como a las aseguradoras involucradas, instándoles a considerar la gravedad de las consecuencias que un fracaso en las negociaciones podría tener para los mutualistas y, por extensión, para toda la ciudadanía. La plataforma concluye con una advertencia clara: con la sanidad no se juega.
Nota de prensa de ANPE.
