Madrid, 24 de noviembre de 2025
La Plataforma Intersindical, un conglomerado de sindicatos que abarca sectores críticos como la educación, sanidad, administración general, prisiones, seguridad pública y justicia, ha alzado la voz contra el Ministerio de Función Pública. Según denuncian, la cartera ministerial está avanzando en la reforma salarial de los empleados públicos sin incluirlos en el proceso de negociación, lo cual consideran una omisión injustificable que viola los principios de transparencia y buena fe.
En medio de este clima de tensión, el Gobierno ha propuesto un incremento salarial del 11% que se aplicaría entre 2025 y 2028. Sin embargo, la Plataforma Intersindical rechaza esta propuesta por considerarla insatisfactoria y ambigua, al no especificar la distribución anual de dicho aumento ni garantizar la recuperación del poder adquisitivo perdido a raíz de la inflación acumulada desde 2021. La falta de actualizaciones en las indemnizaciones por razón de servicio, congeladas por dos décadas, y la ausencia de medidas contra las desigualdades salariales entre diferentes cuerpos y administraciones, son otros puntos de disconformidad subrayados por los sindicatos.
Las organizaciones integradas en la Plataforma enfatizan su papel esencial en el sostenimiento del estado y exigen su inclusión inmediata en las negociaciones. Abogan por una oferta gubernamental que asegure la recuperación del poder adquisitivo perdido, establezca revisiones automáticas vinculadas al IPC, actualice las dietas y mejore las retribuciones para funcionarios en el exterior. También demandan avances hacia una carrera profesional más equilibrada y la implementación de medidas reales de conciliación laboral.
El Proyecto de ampliar esta negociación hasta 2028 ha suscitado críticas contundentes. Para la Plataforma, dicho plazo carece de bases jurídicas y política aceptables, ya que sobrepasa la duración de la actual legislatura que concluye en 2027 y genera expectativas inciertas sobre el devenir político y económico.
Dada esta coyuntura, las organizaciones sindicales han lanzado un ultimátum para ser convocadas a la mesa de negociación, de lo contrario, iniciarán protestas en enero de 2026. Los sindicatos no piensan callar ni permitir que las decisiones sobre la situación económica de sus representados se tomen a puerta cerrada. “Si no se nos llama, saldremos a la calle”, advierten con determinación.
Finalmente, la Plataforma ha hecho un llamado urgente al Gobierno para reabrir el diálogo de manera inclusiva y efectiva, asegurando los derechos y reivindicaciones de los cientos de miles de empleados públicos a los que representan. Aún existe la disposición a negociar, insisten, pero bajo condiciones de igualdad y respeto.
En este ambiente de posibles confrontaciones, la imagen de los sindicatos unidos representa no solo un punto de resistencia, sino también un compromiso inquebrantable hacia los derechos de los trabajadores públicos en España.
Nota de prensa de ANPE.
