Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han presentado una propuesta al Gobierno para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 1,5% para el año 2026. Esta decisión fue adoptada en un comité ejecutivo extraordinario, en medio de un contexto económico marcado por una inflación del 2,7% en los últimos meses, que supera en más de un punto la subida planteada por los empresarios.
El incremento previsto, que situaría el SMI en 16.824 euros brutos anuales —aproximadamente 1.202 euros en 14 pagas—, responde a una línea moderada en comparación con las demandas de los sindicatos CCOO y UGT, que han solicitado un aumento del 7,5%, equivalente a cerca de 1.273 euros mensuales. En su comunicado, las patronales justificaron su postura señalando que esta subida “está en línea con la prevista para los empleados públicos” y busca ajustarse a las directrices de la Unión Europea en materia de salarios mínimos, en las que se recomienda que estos no superen ciertos porcentajes del salario medio nacional.
Una de las principales razones que llevaron a CEOE y Cepyme a proponer un incremento moderado es la situación del mercado laboral, donde la Encuesta de Población Activa (EPA) indica que el SMI ya habría superado el 60% del salario medio neto, lo que, según las patronales, representa un límite razonable para futuras revaloraciones. Además, sostienen que la estadística de la EPA, considerada más fiable por ellos en contraste con la Encuesta de Estructura Salarial (EES), refleja datos más actualizados, correspondientes al último trimestre de 2024, frente a los datos de 2023 de la EES. Esto, aseguran, permite realizar un cálculo más preciso del salario medio y, en consecuencia, del SMI adecuado.
De acuerdo con estas cifras, y usando la EPA como referencia, el SMI para 2025 sería de aproximadamente 15.760 euros brutos anuales, lo que implica un descenso de casi 817 euros respecto a los 16.576 euros acordados para 2024. En otras palabras, los empresarios alertan que el salario mínimo en la actualidad está aproximadamente un 4,9% por encima del valor que correspondería según estos datos, lo que reforzaría la postura de mantener una subida limitada.
Los patrones también enfatizaron que esta propuesta está condicionada al respeto de las reglas de negociación colectiva definidas en el Estatuto de los Trabajadores, particularmente en lo que respecta a la absorción y compensación salarial. Dichas reglas permiten que los incrementos en los mínimos salariales no se traduzcan automáticamente en aumentos efectivos para quienes ya superan ese umbral, garantizando así un equilibrio en la negociación salarial y evitando distorsiones en la estructura salarial.
Este enfoque ha generado reacciones diversas en el panorama laboral y político, anticipando posibles debates sobre el equilibrio entre la necesidad de ajustar los salarios a la inflación y los límites económicos que imponen las diferentes estadísticas y mecanismos de evaluación salarial. Mientras tanto, la discusión sobre un futuro aumento del salario mínimo continúa abierta, con las organizaciones empresariales buscando una postura moderada que considere la situación económica actual y las recomendaciones europeas, en un contexto en el que la inflación y la estructura salarial ocupan un lugar central en la agenda.
