El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que duplique la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de un juicio por presunto delito de revelación de secretos. Originalmente, el magistrado Ángel Hurtado estableció una fianza de 150,000 euros, pero González Amador pide elevarla a 300,000 euros. La defensa del empresario argumenta que las repercusiones personales y profesionales de este caso han sido significativas, calificando las acciones del fiscal como una violación sin precedentes en el sistema jurídico español. Esta solicitud se enmarca en medio de recursos presentados tanto por la defensa de González Amador como por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ha cuestionado la decisión de no suspender al fiscal de su cargo.
Mientras tanto, García Ortiz planea recurrir la fianza, considerándola excesiva e incorporando criterios inconstitucionales en su cálculo. A pesar de estas acciones legales, el fiscal deberá pagar la fianza en los próximos días, ya que el recurso no suspende la obligación de pago. Por otro lado, la APIF insiste en la suspensión del fiscal general, señalando un «agravio comparativo» en su permanencia en el cargo. A pesar de la negativa de Hurtado a suspenderlo, remitirá el caso a la Inspección Fiscal para una decisión más amplia. La disputa se prolonga, afectando no solo a los implicados directamente, sino también a las dinámicas políticas más amplias, con próximos recursos que deberán resolverse en la Sala de Apelación.
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