El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una nueva querella, esta vez dirigida contra Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional. La acción legal surge después de que Bergerot calificara a Amador de «delincuente» durante una entrevista en Telemadrid, afirmación que también replicó en un tuit. Amador, quien admitió haber cometido dos delitos de fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021 por un monto de 350.951 euros, exige una compensación de 20.000 euros y una rectificación pública en los medios donde fueron vertidas las declaraciones. Esta querella se suma a otras once presentadas por Amador contra figuras políticas de renombre, incluidas demandas contra el presidente Pedro Sánchez y varios ministros del gobierno por comentarios similares que, según él, lesionan su derecho al honor.
Las acciones judiciales emprendidas por Amador han intensificado el debate en torno a los límites de la libertad de expresión y el derecho al honor en el ámbito político. Mientras algunos juristas sostienen la necesidad de respetar la presunción de inocencia del empresario hasta que se pruebe lo contrario, otros argumentan que los políticos deben gozar de una libertad de expresión reforzada para realizar su labor sin restricciones indebidas, incluso fuera del parlamento. En este contexto, Bergerot ha manifestado que no será silenciada por estas querellas y que continuará exigiendo aclaraciones sobre la implicación de Ayuso en los temas relacionados con las supuestas actividades ilícitas de su pareja. La controversia destaca la tensión entre el ejercicio de la crítica política y la protección de los derechos individuales en la esfera pública, un tema que sigue generando opiniones diversas entre los expertos en derecho constitucional.
Leer noticia completa en El Pais.
