La percepción y la realidad de la okupación en España presentan una disparidad notable. Años de cobertura mediática sobre allanamientos han fomentado el miedo a la pérdida repentina de hogares por parte de mafias supuestamente organizadas. Sin embargo, los datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial revelan que estos incidentes afectan a una porción minúscula del mercado inmobiliario: el 0,06% del total de viviendas. La mayoría de estos casos afectan a inmuebles desocupados, y solo un 7% de las denuncias resultan ser ocupaciones ilegales de residencias habituales. Aun cuando la alarmante narrativa de la «epidemia okupa» persiste, los expertos señalan que esta responde principalmente a una estrategia de miedo infundada, desviando la atención de problemas reales como la falta de vivienda asequible.
Las estadísticas y opiniones legales sugieren que quienes optan por okupar lo hacen por necesidad extrema, no por deliberado rechazo del sistema legal. En su mayoría, son personas o familias vulnerables, enfrentadas a la precariedad laboral o desafiadas por alquileres inasequibles. Juicios por allanamiento de morada, el más grave de estos delitos, son raros y han disminuido en número desde 2013. Sin embargo, el miedo ha impulsado la compra de seguros contra la okupación, alimentando un mercado que capitaliza el temor social. La raíz del fenómeno no reside en la criminalidad organizada, sino en una crisis habitacional que prioriza el debate sobre la protección del derecho a la propiedad frente al acceso a una vivienda digna.
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