La reciente controversia política en torno a la Corte Constitucional ha intensificado las tensiones dentro del gobierno, tras la decisión de Han de bloquear el nombramiento de tres jueces que formaban parte del panel para debatir la destitución de su predecesor. La moción, presentada en respuesta a este acto, subraya el aspecto central del conflicto: la aparente injerencia en un proceso judicial clave que determinaría el futuro político del anterior líder. La negativa de Han, vista por algunos como una estrategia para consolidar poder dentro del sistema judicial, ha suscitado críticas tanto de la oposición como de miembros de su propio partido, quienes temen que esta medida pueda socavar la independencia de la judicatura y sentar un precedente peligroso.
Las repercusiones de esta controversia van más allá de las intrigas políticas, pues la Corte Constitucional juega un papel crucial en la defensa del Estado de derecho y en el veredicto sobre los desafíos políticos más delicados del país. La incapacidad de completar el panel de jueces impide que avance el juicio de destitución, lo que no solo retrasa la posible resolución de los cargos en contra del anterior mandatario, sino que también genera incertidumbre jurídica. Este evento ha desencadenado un debate más amplio sobre la necesidad de reformas en el proceso de selección de jueces para garantizar la imparcialidad y la transparencia, algo que los analistas sostienen es esencial para restaurar la confianza pública en el sistema judicial del país.
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