El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha manifestado hoy que la reciente respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respalda «de manera irrefutable» la postura del Gobierno de España en relación con la defensa de la Memoria Democrática y los derechos humanos. La declaración llega un mes después de que el Ejecutivo español elevara una petición formal a dicho organismo, en relación con las controversias suscitadas por la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón y la implementación de las llamadas Leyes de “concordia” en Castilla y León y la Comunitat Valenciana.
Torres subrayó que los gobiernos autonómicos implicados en estas legislaciones deberían reconsiderar sus textos legales y sentarse a negociar. Según el ministro, los relatores de la ONU han sido «contundentes» al afirmar que estas iniciativas contravienen los valores fundamentales establecidos por la ley de Memoria Democrática. Además, argumentan que tales leyes vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de estos derechos y no cumplen con los estándares internacionales y tratados a los que España está suscrita.
El comunicado de la ONU, firmado conjuntamente por varios relatores, ha añadido un componente de urgencia y gravedad a las críticas ya existentes hacia estas legislaciones autonómicas. Para el ministro, esta respuesta internacional no solo fortalece la posición del Gobierno central, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad y el respeto a los derechos humanos por parte de las autonomías que han impulsado estas normativas.
Este respaldo por parte de la ONU podría generar un nuevo capítulo en el debate sobre la memoria histórica y los derechos humanos en España, y presionar a los gobiernos autonómicos a reconsiderar sus posturas. Mientras tanto, el Gobierno central parece estar dispuesto a utilizar este apoyo internacional como una herramienta clave en la defensa de la Memoria Democrática a nivel nacional.
El pronunciamiento de la ONU, según el ministro Torres, se convierte en un llamado crucial para entablar negociaciones y modificar las leyes que, en palabras de los relatores, vulneran principios básicos de derechos humanos y memoria histórica. Resta ahora por ver cómo reaccionarán las comunidades autónomas implicadas y qué pasos seguirán en adelante.
Fuente: Ministerio Políticas Territoriales y Memoria Democrática.
