En las últimas semanas, Venezuela ha sido escenario de denuncias crecientes sobre detenciones arbitrarias y desapariciones de activistas y defensores de derechos humanos. Según un informe reciente de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, se han identificado nuevos patrones de represión tras las elecciones presidenciales de este año. Este contexto coincide con un aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela debido a maniobras militares en el Caribe. A pesar de algunas excarcelaciones decretadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, en Ginebra se ha señalado que la persecución de opositores continúa, alimentando el debate sobre los derechos humanos en el país sudamericano. La situación ha desatado reacciones internacionales, con España exigiendo la liberación de sus ciudadanos detenidos en Venezuela y condenando la falta de garantías judiciales.
El informe de la ONU también destaca preocupantes casos de violencia sexual y de género, documentando abusos graves cometidos por las fuerzas de seguridad en varias regiones del país. Mujeres, adolescentes, y hombres detenidos han sido víctimas de agresiones que incluyen el sexo transaccional coercitivo y posibles casos de esclavitud sexual. Organizaciones internacionales han expresado la urgencia de investigar estas violaciones, mientras que la situación política venezolana se mantiene tensa. La comunidad internacional ha intentado mediar en el conflicto, sin éxito hasta ahora. Dirigentes opositores dentro de Venezuela, como Henrique Capriles, han instado a detener la represión interna y han rechazado la «diplomacia de rehenes», argumentando que el país no debería prepararse para un conflicto armado.
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