En un momento decisivo para la regulación de nuevas tecnologías, el reciente informe preliminar de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos sobre el uso de la inteligencia artificial generativa ha causado controversia en el ámbito legal y tecnológico. La inteligencia artificial generativa se posiciona como una de las grandes transformaciones tecnológicas del siglo XXI, comparable con la electricidad y la informática. Sin embargo, su avance no está exento de riesgos, y las respuestas gubernamentales deben equilibrar la mitigación de daños sin sacrificar sus beneficios.
El informe ha sido publicado en un contexto de polémicas debido a despidos en la Oficina, lo que añade complejidad a un debate ya de por sí intrincado. En el centro de la discusión se encuentra la cuestión de si el uso de obras protegidas por derechos de autor para entrenar inteligencia artificial constituye un «uso justo». Según el documento, la Oficina parece inclinarse desproporcionadamente a favor de los titulares de derechos, lo que podría obstaculizar la creatividad y la innovación en el sector.
El entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial generativa requiere enormes cantidades de datos provenientes de obras creadas por humanos. Obtener permiso de todos los titulares de derechos resulta prácticamente imposible, sobre todo para pequeñas empresas. Si el entrenamiento se considera un uso justo, no se requeriría dicha autorización, facilitando así el avance tecnológico.
Actualmente, varios tribunales están evaluando demandas que ponen en duda el uso justo en el entrenamiento de inteligencia artificial. El juez federal Vince Chhabria aborda esta cuestión en el caso Kadrey v. Meta Platforms, mientras que el Tercer Circuito analiza un caso similar en Thomson Reuters v. Ross Intelligence. La correcta interpretación y aplicación de la ley por parte de los tribunales será crucial.
El informe de la Oficina presenta fallos significativos en su argumento sobre el uso justo. Aunque no es vinculante, podría influir en procesos judiciales en curso. Es fundamental que los tribunales no se dejen guiar por un análisis que no sea convincente, ya que el informe contiene errores en su interpretación del uso transformador y del daño al mercado.
El enfoque de la Oficina sobre el uso transformador es confuso. Usos altamente transformadores, que tienen un propósito diferente al de la obra original, suelen considerarse justos. El uso de obras protegidas para entrenar modelos de inteligencia artificial se considera transformador por este criterio, ya que persigue un fin distinto al original.
Asimismo, la teoría de daño al mercado que presenta la Oficina tiene puntos débiles. No diferencia adecuadamente entre el proceso de entrenamiento y sus resultados finales, y se basa en especulaciones no respaldadas por precedentes legales. Esto podría perjudicar a la innovación, beneficiando únicamente a grandes corporaciones de medios.
La revisión inicial del informe sugiere que la aproximación de la Oficina no es objetiva respecto a la ley vigente y refleja un juicio de políticas que excede sus competencias. Los tribunales deben adherirse a los precedentes legales establecidos y considerar cuidadosamente la evidencia antes de tomar decisiones que puedan afectar el futuro de una tecnología tan prometedora como la inteligencia artificial generativa.
