La Misión de Observación Electoral de la OEA ha emitido un informe crítico sobre las elecciones judiciales en México, destacando múltiples deficiencias en el proceso. La participación del 13% del padrón electoral resalta como uno de los niveles más bajos en la región, lo que genera preocupación entre los observadores. El informe subraya problemas logísticos y organizativos, como la falta de criterios claros para la selección de candidatos y los plazos cortos en los procesos. A esto se suman las críticas hacia el uso de «acordeones», que podrían ser considerados como propaganda no permitida y un intento de coacción al voto. Además, se cuestiona la autonomía del máximo tribunal, dado que gran parte de los ministros electos está vinculada al Poder Ejecutivo.
La baja participación también se atribuye a un modelo de comunicación restrictivo durante las campañas, lo que impidió que la ciudadanía conociera a fondo a los candidatos. Restricciones en la financiación, con un tope de gasto muy bajo, y un proceso de campaña limitado a 60 días, mermaron la visibilidad de los postulantes. El informe concluye que el complejo diseño del voto, acompañado de elecciones paralelas en estados como Veracruz y Durango, complicó aún más el proceso. Aunque se elogian iniciativas como la paridad de género y el instrumento «ocho de ocho» contra la violencia, y el esfuerzo del INE y los funcionarios, las recomendaciones de la OEA hacen hincapié en la necesidad de reformas para evitar que cuestiones presupuestarias y logísticas afecten futuros comicios.
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