La Generalitat de Cataluña prepara un proyecto de ley que afectaría significativamente al sector de transporte privado en el Área Metropolitana de Barcelona, resultando en la eliminación de 600 de los 1,000 vehículos de transporte con conductor (VTC) con licencia urbana. Esta normativa, prevista para entrar en vigor a finales de 2026, busca definir funciones específicas para taxis, VTC, limusinas y los llamados vehículos de Alta Disposición, una nueva modalidad similar a los VTC. Además, se implementará un requisito mínimo de conocimiento de catalán para taxistas, inicialmente en nivel B1, aunque se discute elevarlo a B2. La ley también creará una infraestructura de datos para decisiones administrativas y objetivos ambientales, alineando el sistema de transporte con intereses públicos.
La normativa establece criterios estrictos para diferentes tipos de servicios. Los taxis seguirán siendo un complemento oficial del transporte público, mientras que los VTC tendrán restricciones como un mínimo de 10 minutos de precontratación y prohibiciones de captar clientes en la calle. Los vehículos de Alta Disposición y limusinas operarán con tarifas no reguladas y requisitos de precontratación más largos. En situaciones de demanda excepcional, como el Mobile World Congress, se permitirán autorizaciones temporales para VTC interurbanos de otras regiones. Esta propuesta centraliza el transporte sostenible y ordenado, mediante una reglamentación clara sobre cómo deben operar los servicios de movilidad en el área.
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