La reciente propuesta de ley española sobre el uso y gobernanza de la inteligencia artificial ha generado polémica entre organizaciones defensoras de los derechos digitales, quienes critican su enfoque hacia la supervisión del sector público. A diferencia de las sanciones empresariales, que pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual mundial, las autoridades públicas que incurran en mal uso de tecnologías prohibidas, como las identificaciones biométricas remotas no autorizadas, solo enfrentarán advertencias y medidas disciplinarias, sin sanciones económicas. Estas organizaciones han presentado alegaciones al anteproyecto para exigir multas administrativas al sector público por tales infracciones, sugiriendo inhabilitaciones temporales o definitivas para funcionarios infractores.
El proceso actualmente en fase de consulta pública ha recibido numerosas alegaciones, según el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que estudia cada una antes de decidir sobre su inclusión en el texto final. La ausencia de sanciones financieras para el sector público es vista por expertos como Borja Adsuara como una debilidad significativa, argumentando que la legislación sin un régimen sancionador adecuado carece de efectividad. Por otro lado, Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, sugiere priorizar la detección y prevención de irregularidades a través de registros de algoritmos y colaboración antes de la implementación de estas tecnologías, fomentando la garantía de derechos de los ciudadanos desde el comienzo.
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