La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el 4 de junio de 2026 que revisará las licitaciones de suelo público del Ayuntamiento de Madrid ante lo que calificó como prácticas que debilitan el parque de vivienda social. Según la ministra, el municipio estaría cediendo terrenos de titularidad pública a promotoras privadas bajo la condición de que en siete años los inmuebles puedan venderse en el mercado libre.
Rodríguez alertó de que este modelo equivale a perder un patrimonio necesario para futuras construcciones de vivienda protegida. Como referencia, citó las ventas de suelo público durante el mandato de Ana Botella, que derivaron en que viviendas sociales acabaran en manos de fondos de inversión, una situación que la normativa actual trata de evitar.
El Ministerio anunció que en julio se movilizarán 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda para convertir en alquileres asequibles las aproximadamente 111.000 viviendas turísticas ilegales detectadas en España. Según el Gobierno, esta medida podría cubrir cerca del 20% del déficit actual de vivienda asequible.
Rodríguez también se refirió a la situación en Valencia, donde suelo destinado originalmente a vivienda social habría terminado en manos privadas pese a que esas viviendas ya estaban adjudicadas y en funcionamiento. Para la ministra, estas permutas reflejan un patrón que se reproduce en distintas comunidades.
La crisis de acceso a la vivienda centra buena parte del debate político en Madrid. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el mismo día diversas decisiones sobre políticas públicas en la ciudad. Además, el Tribunal Supremo ha reforzado su doctrina sobre la transmisión de inmuebles entre particulares, en un contexto en que el mercado residencial acumula cada vez más litigios.
La ministra Isabel Rodríguez anunció la revisión de las licitaciones de suelo público del Ayuntamiento de Madrid, ante la presunta cesión de terrenos públicos a promotoras privadas con condiciones que, a su juicio, perjudican la vivienda social.
El Ministerio de Vivienda movilizará 800 millones de euros en julio, del Plan Estatal de Vivienda, para convertir viviendas turísticas ilegales en alquileres asequibles.
Según los datos del Ministerio, en España se han detectado aproximadamente 111.000 viviendas turísticas ilegales, cuya regularización podría cubrir cerca del 20% del déficit actual de vivienda asequible.
El Ministerio considera que la cesión de suelo público a promotoras privadas con posibilidad de reventa en siete años debilita el patrimonio disponible para construir vivienda social y repite un patrón ya aplicado con consecuencias negativas durante el mandato de Ana Botella.
