La plataforma ciudadana Marea Blanca ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en las ocho provincias andaluzas, solicitando investigar la legalidad de los prolongados tiempos de espera para diagnósticos médicos en Andalucía. Argumentan que estas demoras, que pueden ser de un año o más, podrían influir en la progresión de enfermedades y afectan directamente la calidad de vida del paciente. La portavoz de Marea Blanca en Granada recalca que dichas esperas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Esta acción judicial ha puesto de manifiesto la situación crítica de las listas de espera en la región, cuya responsabilidad atribuyen exclusivamente al gobierno de Juan Manuel Moreno. El informe presentado detalla que los tiempos de espera varían entre ocho y quince meses dependiendo de la especialidad médica, lo que ha resultado en un incremento en la contratación de seguros privados y una creciente privatización del sistema sanitario en Andalucía.
La denuncia coincide con la publicación del informe del Ministerio de Sanidad, que sitúa a Andalucía con el mayor tiempo de espera para cirugías y consultas de especialistas en España, con un promedio de 169 días. La Junta de Andalucía achaca estos retrasos a la «infrafinanciación», argumento que también emplea para justificaciones en otros sectores como la dependencia y la educación. Rocío Hernández, consejera de Salud, ha defendido los esfuerzos del gobierno regional, incluidos un plan de choque financiero de 283 millones de euros en el que se destina casi la mitad para acuerdos con centros privados. Sin embargo, críticos como Sebastián Recio de Marea Blanca señalan que esta estrategia solo debilita el sistema público y establecen dos sistemas sanitarios: uno público, colapsado y al que recurren quienes menos tienen, y otro privado, para aquellos con más recursos. La denuncia busca sumar más casos de pacientes perjudicados mientras cuenta con el apoyo del Defensor del Paciente para atraer asesoría legal voluntaria.
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