Una denuncia reciente ha sacudido la prisión de Brieva, revelando una trama en la que al menos cuatro funcionarios penitenciarios están implicados. Estos empleados habrían facilitado que una reclusa, conocida por su condena por asesinato, grabara imágenes dentro del centro penitenciario. El material grabado habría sido utilizado para una serie, poniendo en cuestión la seguridad y las normativas internas de la institución. Estas acciones han levantado sospechas sobre la posibilidad de que existieran permisos no autorizados para la entrada de equipos de grabación, así como una complicidad activa entre los implicados para evadir los procedimientos de seguridad.
Las investigaciones están en curso y han llamado la atención de las autoridades penitenciarias y judiciales, quienes buscan determinar el alcance de la corrupción interna. Este escándalo ha despertado preocupación no solo por la evidente vulneración de las normas penitenciarias, sino también por las implicaciones éticas de permitir que una reclusa se beneficie de tal exposición mediática. Mientras tanto, las autoridades estudian posibles sanciones para los funcionarios involucrados y evalúan medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, reforzando así la supervisión de las actividades dentro de la cárcel.
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