La realidad laboral de los repartidores de comida en España ha sufrido una transformación significativa durante la última década. En 2021, el gobierno español implementó la conocida «ley rider», cuyo objetivo era asegurar que los repartidores fueran empleados asalariados en lugar de autónomos. Esta normativa fue respaldada por diversos sindicatos y partidos políticos, aunque enfrentó rechazo de sectores más conservadores. Desde la llegada de plataformas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats al país, se generó una oleada de disputas legales acerca de la naturaleza contractual de los repartidores. Estas empresas inicialmente operaron bajo modelos que muchas veces fueron calificados de explotación laboral, lo que derivó en múltiples juicios y sentencias que forzaron un cambio en el mercado.
En su última jugada, influenciada por la amenaza de penalizaciones graves tras un cambio en el Código Penal en 2023, Uber Eats decidió cesar su operativa con repartidores autónomos y optó por integrarlos como asalariados mediante subcontratas. Este movimiento se produjo tras una inspección y advertencias de posibles consecuencias legales, similar a lo ocurrido con Glovo en 2024, que también se vio obligada a modificar su modelo empresarial. A nivel europeo, la aprobación de una directiva que respalda aún más los derechos laborales de estos trabajadores refuerza el impulso hacia una mayor protección laboral en el continente, una normativa que continúa en proceso de implementación en España.
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