Recientemente, un fallo del Noveno Circuito de Estados Unidos ha reforzado la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas en casos de abusos a los derechos humanos. Esta decisión tiene implicaciones significativas para compañías como Cisco, que enfrenta acusaciones por haber proporcionado herramientas personalizadas para la censura del gobierno chino, conocidas como el Gran Cortafuegos. Estas herramientas, según las denuncias, se utilizaron para identificar y perseguir a grupos minoritarios como la comunidad Falun Gong, facilitando arrestos arbitrarios, torturas y, en algunos casos, la muerte de individuos.
El tribunal sostiene, reafirmando una decisión anterior de 2023, que las empresas pueden ser consideradas responsables cuando sus tecnologías son utilizadas para violaciones de derechos humanos, incluso si no tienen la intención explícita de fomentar abusos. La mera conciencia de que sus productos están siendo utilizados de esta manera es suficiente para que las empresas enfrenten consecuencias legales. Cisco, que ha defendido su posición con firmeza, ha anunciado su intención de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría retrasar el proceso judicial.
Esta situación fomenta un debate más amplio sobre la responsabilidad ética de las grandes empresas tecnológicas. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han instado a otras compañías, como Google y Amazon, a reflexionar sobre su papel en situaciones similares. Recientes informes apuntan a que ambas firmas han facilitado a las autoridades israelíes la vigilancia de civiles en Gaza, planteando interrogantes sobre su adherencia a políticas de derechos humanos.
La EFF también ha abogado por que Google y Amazon se pronuncien sobre su impacto en los derechos humanos en Gaza y tomen medidas para evitar la repetición de tales incidentes. La creciente presión sobre estas empresas subraya la importancia de garantizar que sus herramientas tecnológicas no sean utilizadas como instrumentos de opresión, y que existan mecanismos de rendición de cuentas para aquellas que operan en contextos de violaciones de derechos humanos. En un panorama cada vez más tenso, resulta evidente que la vigilancia de las acciones de las empresas tecnológicas es crucial.
