El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alegando que el uso hotelero del edificio es incompatible con la estancia prolongada de los 404 solicitantes de asilo que actualmente residen allí. Este conflicto legal rememora un caso anterior en el que un piso para menores migrantes no acompañados enfrentó una situación similar, con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fallando en favor de la protección al menor por encima de las formalidades urbanísticas. La principal diferencia en esta ocasión radica en la licencia del inmueble, lo que podría complicar un recurso del ministerio contra el cierre.
La situación se enmarca en un contexto de creciente tensión por la política migratoria, especialmente en municipios madrileños gobernados por el Partido Popular. La decisión del Ayuntamiento ha sido interpretada por algunos, incluido el delegado del Gobierno en Madrid, como un acto de «racismo preventivo». La administración local teme que el Creade se convierta en destino para un millar de menores migrantes no acompañados llegados de Canarias, aunque el Gobierno central aún no ha confirmado tal decisión. Este panorama refleja una escalada en la confrontación política por el manejo de los centros de acogida, con el PP endureciendo su discurso sobre inmigración y promoviendo acciones similares en otros municipios de la región.
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