El Ministerio de Transportes ha comunicado a la Consejería de Fomento su decisión de no transferirle los fondos destinados a bonificaciones, argumentando que la Consejería no cumplió con la obligación de informar públicamente sobre el origen de la financiación. Según la carta enviada por el Ministerio, existe un incumplimiento en la transparencia y visibilidad que debe otorgarse al Gobierno central como fuente de los fondos. Este conflicto se centra en la falta de reconocimiento público del respaldo financiero proporcionado por el Gobierno, una cuestión que el Ministerio considera esencial para la adecuada gestión y distribución de los recursos asignados.
La negativa a transferir los fondos podría impactar significativamente en la aplicación de las bonificaciones previstas, afectando a los beneficiarios que dependen de estos incentivos para el acceso a servicios de transporte. Este desencuentro entre la administración central y la autonómica resalta la importancia de la comunicación y coordinación entre las distintas instancias gubernamentales para garantizar la efectiva implementación de ayudas y subvenciones. En un contexto donde las políticas de transporte y movilidad resultan clave para los ciudadanos, la situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de fiscalización y la transparencia en la gestión del gasto público.
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