Ocho ex monjas deberán abandonar el monasterio que habitan en Burgos tras una orden del Arzobispado que las insta a dejar el lugar «libre y expedito». La medida, anunciada este martes, especifica que si no se realiza el desalojo de manera voluntaria, se procederá a una expulsión forzosa. El conflicto, que se arrastra desde hace meses, ha generado un intenso debate sobre los derechos de las religiosas y el papel de la institución eclesiástica en la resolución de este tipo de cuestiones.
Según fuentes del Arzobispado, la decisión se ha tomado siguiendo «criterios legales y canónicos», asegurando que el espacio debe quedar a disposición de nuevas actividades religiosas y comunitarias. Las ex monjas, sin embargo, defienden su derecho a permanecer en el lugar al considerar que dedicaron sus vidas y servicio al sostenimiento del monasterio. Este caso se suma a otros similares en España, reflejando las tensiones entre comunidades religiosas y autoridades eclesiásticas.
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