La jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha emitido un contundente auto en el que critica con firmeza la gestión de la administración autonómica durante la inundación en Valencia el 29 de octubre de 2024, desastre que dejó un saldo de 230 fallecidos. En su resolución, Ruiz Tobarra destaca que las muertes eran evitables si la Generalitat hubiera actuado adecuada y oportunamente, siendo esta entidad la responsable de la protección civil en la región. La magistrada argumenta que, lejos de ser necesaria una declaración de emergencia nacional, se requería una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades autonómicas, respuesta que nunca llegó. La jueza lamenta los intentos de desviar la atención y la responsabilidad hacia el gobierno central, ya que asegura que la Generalitat contaba con los medios necesarios para mitigar el impacto de la tragedia.
En su evaluación, Ruiz Tobarra descarta la implicación de organismos estatales como la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar, avalando la postura de la Audiencia Provincial de Valencia de no investigarlos y enfocándose en las deficiencias autonómicas. Censura, además, a las defensas de los dos ex altos cargos autonómicos investigados, quienes han sostenido que la Generalitat actuó en un contexto de falta de información. La instrucción, que apunta hacia la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso, desmantela lo que se ha denominado la «teoría del apagón informativo». La jueza subraya que ya había sido emitida una alerta roja en las primeras horas de la jornada fatídica, información que la Generalitat conocía, pero que no interrumpió la agenda del entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, quien priorizó un compromiso social. Además, resalta la demora en la difusión de la alerta masiva por móviles, emitida mucho después de que la tragedia se había consumado.
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