La reciente decisión del alcalde de Palma, Jaime Martínez, de construir 363 pisos de alquiler a precio limitado en solares municipales ha desatado una ola de críticas por parte de la izquierda política local. Este proyecto, que forma parte de un plan más amplio para edificar un total de 1.200 viviendas, tiene como objetivo ofrecer una alternativa un 30% por debajo del precio de mercado. Sin embargo, tanto socialistas como independentistas de Més han rechazado esta iniciativa, argumentando que no aborda de forma efectiva la crisis habitacional que enfrenta la capital balear y sus alrededores. Consideran que los proyectos propuestos no garantizan que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan, y temen que puedan favorecer más a promotores privados que a familias vulnerables, señalando los precios estimados de entre 739 y 905 euros como excesivos y superiores a las regulaciones estatales.
El portavoz socialista, Xisco Ducrós, y la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, han criticado duramente la gestión del alcalde en temas habitacionales, solicitando que en lugar de facilitar la construcción de viviendas privadas, se destine más presupuesto a la compra de pisos para uso público. Ambas formaciones han insistido en la necesidad de declarar Palma como zona tensionada para regular los precios de alquiler y han cuestionado la calidad y eficiencia energética de las viviendas proyectadas, preocupándose por la posible construcción con materiales no duraderos que posteriormente requerirían inversiones públicas. En este contexto, exigen políticas más justas y eficaces que prioricen el derecho a la vivienda por encima de los intereses comerciales de las promotoras.
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