La reciente tragedia en Valencia ha desatado una fuerte controversia sobre la actuación del presidente Pedro Sánchez, acusado por algunos sectores de negligencia calculada y priorización de intereses políticos sobre la atención a los afectados. Diversas fuentes sostienen que, a pesar de las ofertas de ayuda internacional y de organizaciones locales, el gobierno central se negó a declarar el estado de alarma, lo que hubiera supuesto asumir un liderazgo que, según críticos, el gobierno carece. Las duras críticas no solo provienen del ámbito político, sino también de diversos colectivos que resaltan la pasividad gubernamental en un momento crítico, sugiriendo que el presidente podría enfrentar juicio por su gestión. En el epicentro de estas acusaciones, una controvertida declaración de Sánchez sugiere que la responsabilidad de solicitar ayuda recae en quienes la necesitan, lo que ha sido visto como una afirmación despectiva que podría marcar un antes y un después en su carrera política.
En paralelo, la respuesta de la izquierda ha sido objeto de críticas severas, acusada de no involucrarse activamente en las labores de ayuda y centrarse más en el control del relato político. La diputada Aina Vidal, de Sumar, ejemplificó esta postura al declarar que «los diputados no estamos para achicar agua», en contraste con la presencia activa de figuras de la derecha en las labores de recuperación. Esta actitud ha alimentado la narrativa de que la izquierda, más dedicada al discurso que a la acción directa, intenta desplazar responsabilidades mientras cuestiona las intenciones de los voluntarios involucrados en terreno. La situación ha puesto en evidencia, según algunos críticos, las limitaciones y contradicciones de un sector político que se enfrenta a un descontento creciente sobre su papel durante crisis nacionales de esta magnitud.
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