El president de la Generalitat, Carlos Mazón, enfrenta una semana complicada tras el inicio del curso político marcado por promesas de recuperación. Mazón, del Partido Popular, introdujo medidas de ayuda para los damnificados por las inundaciones del 29 de octubre, que dejaron 229 muertos en Valencia. Sin embargo, su gestión de la tragedia ha sido cuestionada tras nuevas revelaciones que desafían la versión oficial. La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha reunido pruebas que sugieren mentiras y contradicciones en las acciones del Consell durante el desastre. Una de las controversias surgió de una carta de la periodista Maribel Vilaplana, quien admitió haber permanecido en un restaurante con Mazón más tiempo del que inicialmente declaró.
La presión sobre el president Mazón aumentó con la decisión de la jueza de involucrar a Susana Camarero, su vicepresidenta, como testigo. Su limitada participación durante la emergencia plantea dudas y se suma a las críticas de la gestión de la dana. Mientras tanto, una grabación mostró que la exconsejera imputada Pradas dio instrucciones durante la emergencia, contradiciéndose con sus declaraciones judiciales previas. Ante estas evidencias, Mazón y su equipo defienden su actuación y culpan al Gobierno central por la falta de información previa sobre la gravedad de la crisis. Sin embargo, las críticas de asociaciones de víctimas y actores políticos refuerzan la percepción de una gestión deficiente y enredada en una cadena de contradicciones.
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