La Junta de Andalucía se enfrenta a una sanción de cinco millones de euros debido a irregularidades en los acuerdos para la incorporación de estudiantes extranjeros como auxiliares de conversación en las aulas locales. Aunque la Junta es la entidad señalada, es el Gobierno central quien tiene suscritos formalmente los convenios que facilitan la llegada anual de jóvenes de Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos para apoyar el aprendizaje de idiomas en las escuelas. Este conflicto ha generado tensiones entre las administraciones, que deben clarificar sus responsabilidades en la gestión de estos programas educativos.
El programa de auxiliares de conversación es fundamental para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras en el sistema educativo andaluz, lo que aumenta la preocupación ante la posible sanción. La intervención gubernamental y la eventual multa ponen en jaque la continuidad de un programa esencial que se ha venido desarrollando con éxito en los últimos años. La situación requiere una aclaración urgente para evitar que la falta de claridad en los acuerdos afecte la educación de miles de estudiantes que se benefician de la presencia de auxiliares nativos en sus aulas.
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