La tecnología sigue transformando nuestras vidas, pero no siempre en la dirección que cabría esperar. La reciente revelación de documentos oficiales sobre el programa Known Traveller Digital Identity (KTDI) en Canadá ha encendido las alarmas sobre el uso de innovaciones tecnológicas en proyectos que, aunque promueven la eficiencia y seguridad, podrían derivar en una erosión progresiva de la privacidad y las libertades individuales.
Impulsado por Transport Canada en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), KTDI aspira a convertir la identidad digital biométrica en el nuevo estándar para los viajes internacionales. Este sistema centraliza datos personales altamente sensibles, como el historial académico, la situación financiera y el estado de vacunación, en un único perfil digital “verificable”.
Aunque la narrativa oficial promete “viajes sin contacto” y una “experiencia fluida para el usuario”, el trasfondo revela otra realidad. Los documentos filtrados por Rebel News, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información, muestran que el proyecto fue incluido en los presupuestos federales de 2021 con más de 105 millones de dólares asignados, sin un debate público adecuado ni control parlamentario.
Lo más preocupante es que la administración etiquetó como “problemáticas” las preguntas formuladas por periodistas sobre el uso de biometría y la participación de entidades privadas. Muchas de las respuestas preparadas fueron censuradas en su mayoría, evidenciando una falta de transparencia que contrasta con la magnitud del proyecto.
Desde el punto de vista tecnológico, KTDI representa una sofisticada integración de sistemas biométricos, blockchain y verificación descentralizada. Sin embargo, no toda innovación tecnológica equivale a progreso. Este tipo de infraestructuras, si no están diseñadas con garantías sólidas de protección de datos y supervisión democrática, pueden derivar en una arquitectura permanente de vigilancia. Expertos en ciberseguridad y derechos digitales advierten que la identificación digital centralizada podría utilizarse no solo para facilitar servicios, sino también para condicionar derechos, limitar movimientos o ejercer presión social o financiera.
No es la primera vez que avances tecnológicos se implementan con fines económicos o de eficiencia sin una reflexión ética adecuada. El uso de algoritmos de reconocimiento facial, sistemas de puntuación crediticia automatizada o pasaportes sanitarios digitales ha generado preocupaciones similares. El caso KTDI va más allá al proponer una identidad digital totalizante, promovida desde espacios con escaso escrutinio ciudadano como el WEF. Además, el desarrollo y el impulso del proyecto en colaboración con entidades privadas y foros internacionales sin mandato democrático directo suscitan dudas sobre quién controla estos datos, con qué fines y bajo qué jurisdicciones.
Desde el ámbito tecnológico, es imperativo un debate profundo sobre los límites de la innovación aplicada a la identidad y los derechos individuales. No se trata de frenar el progreso, sino de garantizar que cada avance se acompañe de mecanismos de transparencia, control público y protección legal robusta. La identidad digital será sin duda uno de los pilares de las infraestructuras del futuro. Sin embargo, como demuestran los documentos de KTDI, si permitimos que se diseñen desde el secretismo, la eficiencia y el interés corporativo, corremos el riesgo de construir un futuro brillante en lo técnico y oscuro en lo social.
