Las aseguradoras médicas Adeslas, Asisa y DKV han optado por no renovar su contrato con MUFACE, la mutua de empleados públicos del Gobierno Central de España, citando que los precios de licitación actuales no cubren los costos necesarios. Como resultado, desde febrero, 1,2 millones de mutualistas se verán obligados a recurrir al sistema de salud pública, situación que genera gran preocupación por el potencial colapso del sistema sanitario debido a la incapacidad de absorber a tantos nuevos pacientes de un día para otro. Esta situación anticipa retrasos en la atención médica y un aumento significativo de costos para el sector público, ya que la infraestructura existente no tiene la capacidad de manejar un incremento tan grande en el número de usuarios.
El gobierno, liderado por la Ministra de Sanidad, Mónica García, ha propuesto que en nueve meses los empleados públicos sean transferidos a la sanidad pública gestionada por las comunidades autónomas, planeando que tanto la provisión como la producción del servicio sanitario sean completamente públicas. Este cambio de modelo representa un desafío significativo, ya que hasta ahora, muchas personas habían optado por servicios privados, sugiriendo mayor eficiencia en el sector privado. Las críticas aumentan al considerar que esta transición podría aumentar el gasto público y el déficit, a la vez que deja a muchos pacientes en situaciones de incertidumbre, complicando la atención a pacientes crónicos o en tratamiento. La situación revela tensiones políticas y críticas a la gestión y eficiencia del sector público.
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