En las Islas Baleares, la controversia sobre la imposición del catalán en la educación persiste a pesar de las promesas del gobierno de Marga Prohens de acabar con esta situación. Según la orden del 13 de septiembre de 2004, los padres pueden elegir la lengua de primera enseñanza para sus hijos, asignando un mínimo de 6 y un máximo de 16 horas tanto para el castellano como para el catalán. Sin embargo, en la práctica, los centros públicos aplican el mínimo de seis horas para quienes optan por castellano y el máximo de 16 para aquellos que eligen catalán, perpetuando así una significativa desigualdad. A un año del cambio de gobierno, la llamada “dictadura del catalán” sigue presente, reflejando una continuidad normativa que desilusiona a quienes esperaban un cambio real.
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La Imposición del Catalán Continúa en Baleares a Pesar de las Garantías de Cambio de Prohens
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