La Iglesia y el Gobierno han sellado un acuerdo para ofrecer reparaciones a las víctimas de pederastia cuyos casos han prescrito y, por tanto, no pueden acudir a la justicia. Este lunes, el protocolo se formalizará a las once de la mañana, como anunció el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en sus redes sociales. Inicialmente, la Iglesia se mostró reacia a firmar el convenio debido a discrepancias sobre las cuantías y la competencia del Defensor para revisar las indemnizaciones previamente pagadas por la Iglesia, que las asociaciones de víctimas califican de «ridículas y humillantes». El acuerdo estipula que la Iglesia cubrirá las reparaciones con la supervisión del Estado, designando al Defensor del Pueblo como el organismo encargado de revisar cada caso y establecer las cuantías correspondientes.
Este modelo de reparación se pone en marcha tras años de resistencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a abordar el problema públicamente y siete años después de que el diario EL PAÍS comenzara una investigación exhaustiva sobre los casos de pederastia dentro del clero. La investigación de este medio culminó en un informe del Defensor del Pueblo, encomendado por el Congreso en 2022, que estimó en 440,000 el número de víctimas de pederastia en la Iglesia española. Aunque el protocolo firmado ahora puede ser recurrido por la jerarquía eclesiástica, el Defensor tendrá la última palabra en la resolución de los casos. Esta iniciativa supone un paso significativo hacia la reparación de las víctimas, aunque llega tras casi tres meses de retrasos desde que se anunciara el pacto inicial.
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