Organizaciones profesionales han instado al Gobierno a retirar dos proyectos de ley en trámite que, según denuncian, podrían aumentar la politización del sistema judicial en España. Estas leyes afectan a las carreras de juez y fiscal, generando preocupación entre los profesionales del sector, quienes sostienen que los cambios propuestos comprometen la independencia judicial. La polémica surge en un contexto de crecientes tensiones entre el poder legislativo y el judicial, y el anuncio ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y la influencia política en los tribunales.
Según los detractores, las leyes introducen mecanismos que permitirían al Ejecutivo un mayor control sobre nombramientos y decisiones judiciales, lo que se percibe como un debilitamiento de las garantías democráticas. Las asociaciones judiciales y fiscales advierten que esta situación podría socavar la confianza pública en el sistema de justicia. Ante la controversia, se espera que el Gobierno reúna a las partes interesadas para discutir posibles ajustes a las reformas, en un intento por calmar las aguas y salvaguardar la integridad judicial en el país.
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