La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Zahorí”, un dispositivo de alcance nacional destinado a inspeccionar y controlar el aprovechamiento de recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como subterráneas. La iniciativa busca proteger el Dominio Público Hidráulico y salvaguardar el medio ambiente, poniendo de manifiesto la importancia de preservar los recursos naturales frente a prácticas ilegales que amenazan su integridad.
Durante casi un año, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, las autoridades detectaron un total de 941 infraestructuras irregulares relacionadas con la captación de agua. De ellas, la mayoría corresponden a pozos (60 %), seguidos por sondeos (24 %), balsas (4 %) y otras formas de captación clandestina, como derivaciones o trasvases no autorizados (12 %). La investigación también implicó a 31 personas que enfrentan presuntos delitos relacionados con la distracción de aguas y daños a los recursos naturales.
Entre las operaciones más destacadas, se encuentra la “Subterra” en Huelva, desarrollada en la zona del Parque Nacional de Doñana. Allí se localizaron varias infraestructuras ilegales de extracción y almacenamiento de agua, conduciendo a la investigación de ocho personas físicas y cinco jurídicas. Las diligencias esclarecieron delitos tanto contra los recursos naturales como contra la ordenación del territorio.
En Madrid, la operación “Bredo” permitió descubrir un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y un sistema clandestino de bypass instalado de manera fraudulenta antes del contador volumétrico. Este mecanismo evitaba el registro del caudal extraído, lo que, según informes periciales, implica un valor ilícito de agua aprovechada que podría superar los 1,6 millones de euros desde 2002. Hasta ahora, se investiga a dos individuos por delitos de usurpación, defraudación y estafa agravada, además de un ilícito contra los recursos naturales.
En Murcia, la operación “Land Change” se centró en Mazarrón, donde se investigan a dos personas por convertir en regadío más de 47 hectáreas de terreno de secano. La valoración del daño ambiental, detectado mediante informes periciales, supera los 2,9 millones de euros. Estos hechos representan una grave alteración del ecosistema, con consecuencias que afectan tanto a la flora como a la fauna local.
Por otro lado, en Córdoba, la operación “Captaqua” inspeccionó pozos clandestinos destinados al riego y sistemas de bypass instalados de forma fraudulenta. En esta ocasión, se investigan a una persona física y una entidad jurídica implicadas en la manipulación de captaciones legales para evitar el control del volumen de agua extraída.
En total, la operación “Zahorí” ha detectado 29 infracciones penales, destacando los delitos de distracción de aguas públicas (59 %), seguidos por los contra los recursos naturales (28 %) y contra la ordenación del territorio (7 %). Además, se tramitaron 1.684 infracciones administrativas, de las cuales el 77 % están relacionadas con incumplimientos en materia de aguas. Estas cifras reflejan la gravedad y la magnitud de las prácticas ilícitas que afectan a los recursos hídricos en varias regiones del país.
Un aspecto fundamental de la operación ha sido la elaboración de informes periciales que cuantifican los daños económicos y ecológicos ocasionados. Gracias a estos documentos, se estima que los perjuicios al Dominio Público Hidráulico superan los 270 millones de euros, considerando el valor del daño medioambiental y las pérdidas económicas derivadas de las acciones ilegales en distintas provincias.
La importancia de estas peritaciones radica en la concreción de los daños y en la fundamentación jurídica de los delitos investigados. La existencia de estas valoraciones permite acreditar la gravedad de los hechos y orientar las futuras sanciones penales y administrativas, además de promover una mayor conciencia sobre la necesidad de un uso sostenible del agua.
La operación “Zahorí” reafirma el compromiso de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente y la lucha contra el expolio de recursos naturales, un reto especialmente relevante en un contexto de sequías recurrentes y escasez hídrica. La continuidad de estos esfuerzos resulta fundamental para garantizar el equilibrio ecológico y el acceso equitativo a los recursos hídricos de toda la población.
Este esfuerzo coordinado entre diferentes cuerpos y organismos evidencia la necesidad de reforzar las medidas de control y vigilancia en la gestión del agua, un recurso cada vez más escaso y vital para el desarrollo sostenible. La defensa del medio ambiente sigue siendo una prioridad para las autoridades, que trabajan para erradicar las prácticas ilegales que amenazan la salud del ecosistema y el bienestar de las comunidades.
Fuente: Ministerio del Interior
