La Guardia Civil ha llevado a cabo una significativa operación para desmantelar la macrofiesta ilegal conocida como “Big Fucking Party”, que se desarrolló en las inmediaciones del embalse del Cenajo, en el término municipal de Férez, Albacete. Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad lograron detener a un total de 63 personas relacionadas con este evento no autorizado, la mayoría de ellas procedentes de Francia, Italia y Reino Unido.
De los arrestados, 20 fueron detenidos en la madrugada del 31 de diciembre en las cercanías de la pedanía tobarreña de Cordovilla, durante disturbios en los que las fuerzas policiales tuvieron que intervenir para controlar a los asistentes que intentaban establecer la fiesta. La intervención ocurrió en un contexto en el que una multitudación de vehículos y personas formaba una caravana que pretendía congregar a decenas de miles de participantes.
Otras 38 personas fueron arrestadas en relación directa con la organización del evento, mientras que las cinco restantes están acusadas de delitos contra la salud pública, especialmente tráfico de drogas, o por tener requisitorias judiciales pendientes. La operación también se saldó con la confiscación de 16 vehículos pesados, incluidos camiones y furgones, que transportaban el material necesario para montar la infraestructura del evento ilegal. Estos vehículos están ahora en custodia de las autoridades judiciales.
El evento registró la presencia aproximada de 3.500 personas distribuidas en unos 2.000 vehículos, principalmente furgonetas, autocaravanas, campers y camiones. La afluencia de asistentes procedía de diferentes puntos de España y Europa, destacando la presencia de ciudadanos de Francia, Alemania, Dinamarca y Reino Unido.
La celebración de esta macrofiesta sin autorización generó serias preocupaciones en términos de seguridad ciudadana, salud pública, seguridad vial y protección del medio ambiente. La falta de medidas preventivas y de seguridad, como servicios médicos adecuados, instalaciones sanitarias, sistemas de limpieza o vigilancia privada, puso en riesgo a los asistentes. La organización, al no contar con un plan de emergencias, limitó la capacidad de respuesta ante cualquier problema sanitario, de higiene o de convivencia.
El consumo de alcohol y drogas en el evento fue especialmente alarmante, con cerca de 300 conductores detectados con niveles positivos en los controles de alcoholemia y drogas, lo que incrementa notablemente el peligro en las carreteras. Además, la elección del lugar, catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y caracterizado por su inestabilidad e inundabilidad, causó un impacto negativo en la flora y fauna local.
Para garantizar la seguridad y reducir los riesgos, la Guardia Civil desplegó un dispositivo compuesto por aproximadamente 300 efectivos, incluyendo unidades especializadas de diversas unidades de la Comandancia de Albacete y apoyo de fuerzas de otras provincias. La presencia de unidades de Seguridad Ciudadana, Grupos de Reserva y Seguridad, unidades cinológicas, de actividades subacuáticas, caballería y de información, además de drones y un helicóptero del Servicio Aéreo, permitió mantener un control exhaustivo del perímetro, impedir el acceso al entorno natural y gestionar el tráfico en caminos rurales cercanos. De esta manera, lograron que la fiesta no alcanzara la magnitud de ediciones anteriores.
Durante la operación, se impusieron un total de 731 infracciones administrativas relacionadas con tenencia de drogas, armas, protección de animales, medio ambiente y seguridad vial. La actuación policial también permitió impedir que 287 conductores que participaban en el evento circularan bajo los efectos del alcohol o drogas, evitando posibles accidentes graves en las carreteras.
Todos los detenidos y las diligencias judiciales realizadas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Nº2 en Hellín. La operación refleja el esfuerzo por combatir y prevenir eventos ilegales que representan un riesgo para la comunidad y el entorno, destacando la colaboración interinstitucional y el elevado nivel de vigilancia desplegado para garantizar el orden público en un entorno vulnerable.
Mientras tanto, las autoridades advierten que la celebración de este tipo de eventos sin permisos oficiales continúa siendo una práctica peligrosa que afecta la seguridad y bienestar de la población, además de causar daños irreparables al medio ambiente.
Fuente: Ministerio del Interior
