La isla de La Gomera, uno de los destinos más emblemáticos de las Islas Canarias, vivió este domingo un episodio inusual que puso en evidencia las vulnerabilidades de su infraestructura energética y de comunicaciones. Aproximadamente a las 12:13 horas, se produjo un apagón total que dejó sin suministro eléctrico a unas 15.610 personas residentes en la isla. La interrupción, denominada oficialmente como un “cero energético”, se originó en la central eléctrica de El Palmar, ubicada en San Sebastián, y motivó la declaración de alerta en toda la isla conforme al Plan Territorial de Emergencias de Canarias (Plateca).
El evento tuvo una duración de más de tres horas, tiempo durante el cual las autoridades y las empresas responsables trabajaron intensamente en la restauración del servicio. La recuperación completa del suministro energético ocurrió alrededor de las 15:25 horas, según informaron desde el Cabildo de La Gomera. Durante ese lapso, las acciones de estabilización fueron coordinadas con precisión para evitar que la situación se agravara, ya que la caída en cascada afectó a todos los generadores del sistema eléctrico isleño.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó esta mañana que, tras recibir una llamada de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se activaron los protocolos correspondientes y se mantuvo un seguimiento cercano de la emergencia. En su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), destacó que una vez detectado el problema, se aceleró la recuperación de la red, que culminó satisfactoriamente en pocas horas.
Desde la administración insular aclararon que la causa técnica del apagón fue una desestabilización en uno de los generadores, específicamente en una de las unidades de la central de El Palmar. La avería obligó a la paralización inmediata del equipo por motivos de seguridad, lo que provocó la caída en cadena de los otros grupos de generación y, en consecuencia, la suspensión casi total del servicio eléctrico. La problemática técnica no solo afectó la electricidad, sino que también tuvo repercusiones en los servicios de telecomunicaciones, generando problemas en la cobertura móvil en diferentes zonas de la isla durante toda la tarde.
En respuesta, la compañía Endesa activó dos grupos de generación adicionales en la misma central para restablecer la normalidad. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario, Mariano Hernández Zapata, explicó que el proceso de recuperación fue progresivo, priorizando la estabilidad del sistema para evitar un nuevo colapso. La estrategia de la empresa fue realizar un restablecimiento lento y controlado, consciente de los riesgos asociados a una recuperación rápida en un sistema tan frágil.
No es la primera vez que La Gomera enfrenta una situación similar. En julio de 2023, la isla sufrió un apagón total causado por un incendio en la misma central de El Palmar. En aquella oportunidad, las autoridades impusieron sanciones superiores a los 12 millones de euros a la Unión Eléctrica de Canarias Generación (Unelco) por incumplimientos administrativos graves relacionados con la seguridad operativa.
Las incidencias recientes han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética en zonas insulares, donde la dependencia de generadores específicos y la dificultad para intervenir con rapidez en caso de incidentes plantea un riesgo constante. La situación ha despertado también inquietudes sobre la resiliencia de los servicios esenciales en contextos de emergencia, sumando la preocupación respecto a la capacidad de recuperación ante eventos similares en el futuro.
Mientras tanto, las autoridades insulares y nacionales continúan monitoreando la situación y evaluando las medidas para reforzar la infraestructura, reducir la probabilidad de futuros apagones y garantizar una respuesta más efectiva ante emergencias de esta naturaleza. La experiencia de La Gomera se suma como un recordatorio de la necesidad de la inversión en sistemas energéticos más resilientes y en la diversificación de fuentes para garantizar la continuidad de los servicios básicos en estos territorios tan vulnerables.
