La Generalitat de Cataluña ha decidido intervenir en el controversial caso de una menor tutelada que fue víctima de una red de prostitución y pederastia, conocido como el caso ‘Pelicot catalán’. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, anunció que se personarán en el proceso judicial para garantizar que se haga justicia. Durante su declaración, la consellera expresó su pesar por la gestión de la Dirección General de Infancia y Adolescencia (DGAIA), que ha enfrentado críticas por su actuación y falta de atención ante situaciones de riesgo.
Martínez Bravo ha solicitado una revisión exhaustiva de los protocolos actuales, enfatizando la necesidad de una transformación profunda en la DGAIA para prevenir que casos similares se repitan en el futuro. Bajo el peso de la indignación pública y las serias acusaciones, la consellera ha reiterado la urgencia de implementar cambios significativos en la protección de menores, reconociendo que la institución debe mejorar su operativa para cumplir con su deber de cuidar a los niños en su sistema.
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