La Generalitat de Valencia ha declarado que ningún informe relacionado con la aplicación de la ley de l’Horta se opone a las obras previstas para mitigar el riesgo de inundación en los barrancos del Poyo y La Saleta. Según María José Salvador, portavoz adjunta de los socialistas en las Cortes, los informes son favorables o están condicionados a una integración paisajística, pero no son negativos. La declaración llega después de que partidos como el PP y Vox señalaran dicha ley como la causante de bloquear estos proyectos tras las recientes inundaciones de octubre. Sin embargo, no hay evidencia documental que respalde las acusaciones de que la ley impidió las obras, ya que los informes sugieren opciones con menos impacto ambiental sin detener los proyectos. La Generalitat, liderada por Carlos Mazón, ha continuado con la modificación de la ley, lo que ha abierto el debate sobre la protección de suelos agrícolas frente a posibles desarrollos urbanísticos intensivos.
La oposición, representada por Salvador, critica los cambios propuestos por el ejecutivo de Mazón, acusándolos de fomentar un modelo urbanístico desenfrenado al debilitar la ley de l’Horta y permitir desarrollos como residencias y equipamientos deportivos en áreas protegidas. Este intento de modificación supuestamente no afecta a las infraestructuras hidráulicas críticas, ya que Salvador sostiene que no hay ningún informe ambiental vigente que detenga los proyectos de encauzamiento necesarios en los barrancos. Además, se han retomado planes anteriores para evitar inundaciones en zonas afectadas, como Paiporta, Torrent y Aldaia, adaptándolos al nuevo marco legal sin interrumpir las obras solicitadas. Estas medidas buscan conjugar el desarrollo con la protección del medio ambiente, subrayando la intención de garantizar medidas de ordenación territorial que puedan minimizar futuros riesgos de inundación.
Leer noticia completa en El Pais.
