En un documento enviado al Tribunal Constitucional, el Govern de Cataluña ha sostenido que en la comunidad autónoma «no se discrimina» a los hablantes de lengua castellana. Este pronunciamiento forma parte de la respuesta oficial del gobierno catalán a una denuncia interpuesta por Ciudadanos, en la que se argumenta una presunta discriminación lingüística en el ámbito educativo. El Govern ha reafirmado su compromiso con el plurilingüismo, asegurando que el catalán, aunque recibe una especial protección por su carácter de lengua propia, no desplaza al castellano, el cual consideran sigue teniendo una presencia relevante en el sistema educativo y en la administración pública.
El Ejecutivo catalán ha subrayado que las políticas lingüísticas implementadas pretenden fomentar el conocimiento y uso del catalán sin menoscabar el aprendizaje y utilización del castellano. El documento presentado refleja estadística y normativamente que los estudiantes finalizan su enseñanza obligatoria con competencias adecuadas en ambos idiomas, desmintiendo con ello, a juicio del Govern, las acusaciones de Ciudadanos. Esta postura del gobierno regional se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la cuestión lingüística en Cataluña, un tema que recurrentemente suscita polémica tanto a nivel local como en el ámbito nacional, polarizando posturas entre partidarios de la inmersión lingüística en catalán y defensores de un modelo bilingüe.
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