La reciente revelación de un campo de exterminio en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha reavivado la discusión nacional e internacional sobre las desapariciones forzadas en México. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por su gestión del tema, acusada de seguir un «método» que minimiza la gravedad del problema al cuestionar las cifras oficiales de desaparecidos. Las imágenes de zapatos y mochilas abandonadas en el sitio han conmocionado al público, obligando a Sheinbaum a pronunciarse al respecto y a prometer una investigación. No obstante, su acercamiento conservador al tema y su enfoque en reducir la visibilidad del problema mediante la depuración de cifras y el desvío de atención hacia otras instancias gubernamentales han sido ampliamente cuestionados.
Este hallazgo en Teuchitlán ocurre en medio de críticas previas a la gestión de Sheinbaum respecto a las desapariciones durante su tiempo como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La comparación de la cifra no oficial de 30,000 desaparecidos en la capital con las desapariciones durante la dictadura argentina subraya la aguda percepción pública de una crisis subestimada y mal gestionada. La posibilidad de que el caso de Teuchitlán desencadene una ola de denuncias y se convierta en un símbolo del fracaso institucional para afrontar el problema, situando a la actual administración en una posición incómoda, es una preocupación latente. La administración de Sheinbaum se encuentra, por tanto, entre el desafío de abordar eficazmente la indignación pública y la ardua tarea de enfrentar un legado de violencia sistémica que sigue sin resolverse.
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