Una destacada figura del ámbito cultural en Cataluña ha sido condenada a cuatro años y medio de prisión por falsedad documental y prevaricación. La sentencia, que ya es firme, se dictó como resultado de su gestión en la Institución de las Letras Catalanas. Durante el juicio, se descubrió que la acusada manipuló documentos oficiales y tomó decisiones administrativas contrarias a la normativa vigente para beneficiar intereses personales. El tribunal consideró probada su responsabilidad en estos actos, que habrían generado un perjuicio significativo a la institución cultural.
La condena ha generado un notable revuelo en la comunidad cultural y política de Cataluña. Diversos sectores han expresado su preocupación por el impacto negativo que este caso podría tener en la confianza hacia las entidades culturales públicas. Además, se ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre la gestión de fondos públicos. Mientras tanto, la defensa de la acusada ha anunciado que está considerando presentar recursos adicionales, aunque las posibilidades de revertir la sentencia parecen limitadas.
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