La Fiscalía de Brasil ha solicitado penas de cárcel para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022. El fiscal general, Paulo Gonet, sostiene que Bolsonaro incurrió en cinco delitos, entre ellos la abolición violenta del Estado democrático y pertenencia a una organización criminal, los cuales podrían sumar más de 43 años de prisión. Gonet afirmó que Bolsonaro creó un ambiente propicio para la violencia y el golpe, utilizando recursos estatales para fomentar la radicalización. Junto a él, otros siete miembros del círculo cercano, incluidos militares de alto rango y exministros, enfrentan acusaciones similares. Las investigaciones aseguran que el golpe no se materializó gracias a la resistencia de los militares, aunque tras la toma de poder de Lula, radicales invadieron instituciones en Brasilia.
El proceso judicial coincide con tensiones internacionales, dado que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles elevados a Brasil en represalia por lo que considera un ataque político a Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, ha abogado por una amnistía para su padre para evitar sanciones, mientras las presiones no han alterado el curso judicial. Bolsonaro ya está inhabilitado para las elecciones de 2026 debido a otra condena por abuso de poder, lo que lo deja prácticamente fuera del escenario político. Su potencial sucesor, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, navega un terreno complicado intentando proteger los intereses comerciales de su estado ante el posible impacto de los aranceles, mientras evita confrontar directamente al clan Bolsonaro.
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